Y señaló que los representantes de la UIF y Pemex, hicieron saber que habían decidido elevar a 30 millones de dólares lo que previamente se había convenido en 10 mdd para un posible acuerdo reparatorio.
El abogado defensor de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros adelantó que su representado no tiene voluntad de llegar a un acuerdo reparatorio con Pemex —y el gobierno mexicano— en las condiciones de sometimiento que pretenden las autoridades. El penalista narró que -en la audiencia judicial del pasado 18 de julio- los representantes de la UIF y Pemex, hicieron saber que se había decidido elevar a 30 millones de dólares lo que previamente se había convenido en 10 mdd, como cifra para un posible acuerdo reparatorio que permitiera, activar un criterio de oportunidad que acogiera la colaboración del ex director de Pemex y se permitiera -de esa forma- su colaboración en las indagatorias de los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Todo apunta, señaló, a que el cambio de la cifra originalmente convenida es una apreciación personal del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Para que haya un acuerdo se requiere de la voluntad de las partes y Emilio Lozoya no tiene voluntad de llegar a un acuerdo reparatorio sometido mediante información errónea.”
Al ahondar en la irregularidad del proceso, el abogado señaló que, incluso, el juez cuestionó a los representantes de Pemex y UIF sobre razones por las cuales se determinó ese incremento, a lo que los representantes gubernamentales se limitaron a responder que, se trataba de “una instrucción superior”. Ontiveros, señaló que esa orden superior no podría provenir, más que del presidente Andrés Manuel López Obrador , dada su propia declaración en la conferencia matutina, cuando alegó que le parecía insuficiente la cantidad conocida de los 10 millones de dólares.
Miguel Ontiveros recordó que su cliente se ha atenido a un criterio de oportunidad, en el que aportó información a la Fiscalía General de la República donde involucró a ex senadores, y a ex funcionarios como el ex presidente Enrique Peña Nieto, y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Sostuvo que las declaraciones de Lozoya han sido efectivas y que por ello se incumplen los acuerdos tomados en el criterio de oportunidad.
“La Fiscalía General de la República, con base en esta denuncia, ya ejerció acción penal en contra de algunas personas señaladas y el Poder Judicial de la Federación vinculó a proceso y ejerció órdenes de aprehensión”, resaltó.
Expuso que aunque hay dificultades para ello, espera que para del 31 de agosto en la audiencia intermedia, se logre restablecer el acuerdo original. La postura de Lozoya es no pagar los 30 millones de dólares si no los 10.7 millones de pesos para seguir adelante con la colaboración con la Fiscalía.
El abogado afirmó que de no poder , bucarán utilizar otros instrumentos, incluso internacionales, para señalar que se han violentado los derechos de su cliente, quien se encuentra en calidad de testigo colaborador.
Además, Ontiveros expuso que el órgano de gobierno de Pemex aprobó la reparación de daño por 10.7 millones de dólares, y que la nueva cifra de 30 millones, atenta contra esta decisión y puede convertir a la empresa petrolera como sujeto de responsabilidades administrativas.
Miguel Ontiveros también aclaró que las acusaciones contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados y Odebrecht es de 3.4 millones de dólares y no por 8.4 como refiere el comunicado de la UIF publicado el pasado 21 de julio.
“Está acusado, en el caso de Agronitrogenados de 3.4 millones de dólares por un supuesto soborno adelantado y que él ocultó ese dinero en un inmueble, y la única imputación en contra de él, es por lavado de dinero, no tiene nada que ver los efectos de la supuesta compraventa de la planta, no hay acusación, es más, no hay siquiera una investigación administrativa”, dijo.
Respecto a los señalamientos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, la defensa dijo que desconoce si las autoridades los han citado a declarar, ya que no tienen acceso a la carpeta de investigación, pero aseguró que las actuaciones e investigaciones corresponden a la autoridad jurisdiccional.
Resaltó que de no llegar al acuerdo para dejar el monto de los 10.7 millones de pesos como reparación de daño en estos 30 días restantes para llegar a la audiencia intermedia, una consecuencia de esto será, que no continúen las investigaciones a partir de la colaboración de Lozoya, y quedar en la impunidad el caso.
“Una consecuencia clara, ante la eliminación de la colaboración de Emilio, no seguirían entonces las investigaciones y los hechos por el denunciado, quedarán en la impunidad“, externó.
Finalmente, dijo que Lozoya no tiene la posibilidad de pagar 30 millones de dólares que representan 500 millones de pesos. Esa cifra insistió, fue tomada por “intuición”, sin sustento y sin estimaciones formales, de último momento por decisión personal del presidente López Obrador.