Esta segunda demanda atiende un ángulo específico adicional del fenómeno de cruce de armas estadounidenses a México: la negligencia de puntos directos de venta de armas.
Como parte de la demanda presentada por México en contra de vendedores de armas de fuego en Estados Unidos para combatir el tráfico de estos productos al país, la Corte de Distrito de Arizona, estado fronterizo con México, estableció el 22 de febrero de 2024 como la fecha de audiencia para la presentación de alegatos orales.
Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado publicado en su página oficial, la jueza Cindy Jorgenson se excusó de conocer el caso y canceló la audiencia originalmente programada para el 28 de agosto de 2023.
Sin embargo, el asunto fue reasignado a la jueza Rosemary Márquez, quien fue designada en 2014 por el entonces presidente estadounidense Barack Obama.
Conforme a la práctica de litigio de EU, la Corte solicitó a las partes diversa información que deberán presentar con antelación a la audiencia, incluyendo una propuesta de calendario procesal y de la forma en las partes deberán exhibir y revelar su material probatorio, un requerimiento que refleja un “profundo interés de la jueza Márquez en realizar un análisis exhaustivo del asunto, lo cual confirma la seriedad y transcendencia del caso”, destaca el comunicado.
La demanda fue presentada en agosto de 2022 en contra de: Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson), SNG Tactical, LLC (Tucson), Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson), Ammo A-Z, LLC (Phoenix) y Sprague’s Sports, INC. (Yuma).
Según datos de trazabilidad, estas tiendas suministran habitualmente armas de alto poder a organizaciones criminales en México. La trazabilidad se refiere al rastreo que hacen las autoridades para conocer el origen del arma una vez que ha sido asegurada.
Esta es la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas. La primera se remonta a 2021 en contra del estado de Boston y se cuestionó una responsabilidad más amplia de las empresas que fabrican y distribuyen armas de fuego que facilitan su tráfico ilícito al país.
Esta segunda demanda atiende un ángulo específico adicional del fenómeno de cruce de armas estadounidenses a México: la negligencia de puntos directos de venta de armas.
