Entre ellas la instauración de cuotas por el Parlamento, la limitación de la reagrupación familiar y la creación de un delito de ‘estancia irregular’.
“El Consejo Constitucional censura 32 artículos de ‘la ley para controlar la inmigración, mejorar la integración’, que contaba con 86″, anunció el alto tribunal, que aclara la interpretación o modifica además cinco artículos de esta reforma que abrió una grave crisis en el oficialismo.
Los nueve “Sabios”, como se conocen a los miembros del tribunal, suprimieron las restricciones impuestas a la reagrupación familiar, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales y el pago por los estudiantes extranjeros de una “fianza” para su retorno.
Aunque esta última medida fue retirada, Amélie Beaucour, manifestante en la Plaza del Louvre, dijo a RFI que “quedan muchas otras medidas que son discriminatorias y racistas. Hemos hecho un llamamiento para continuar con las protestas para obtener el retiro completo de esta ley y darle un frenazo a la inclinación de ultra-derechización del gobierno actual”.
Otras medidas eliminadas son la reintroducción de un delito de estancia irregular, la instauración de cuotas migratorias por parte del Parlamento y la concesión de un visado de larga duración a los británicos con una residencia secundaria en Francia.
El alto tribunal amputó así del texto las principales medidas que la alianza centrista de Macron, sin mayoría absoluta en el Parlamento, acordó con la oposición de derecha de Los Republicanos (LR) para lograr la aprobación en diciembre de esta controvertida reforma.
Los anuncios dieron pie a reclamos desde la derecha de una reforma constitucional.
Se trata de una decisión “política, más que de derecho” y por ello “¡una reforma de la Constitución parece más necesaria que nunca para salvaguardar el destino de Francia!”, afirmó el líder de LR, Éric Ciotti, en la red social X.
El endurecimiento de la ley había provocado una crisis en el partido y en el gobierno, que se saldó con la dimisión de un ministro. Macron cesó además a casi todos los que criticaron la reforma a inicios de enero, cuando nombró un nuevo gobierno, que viró a la derecha.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, celebró que la corte validara “íntegramente” los artículos propuestos inicialmente por el gobierno y aseguró que nunca una ley ha previsto “tantos medios para expulsar a los delincuentes” extranjeros.
Vincular inmigración y delincuencia ha sido un tradicional caballo de batalla de la extrema derecha en la segunda economía de la Unión Europea, que ha acabado calando en la opinión pública. Dos tercios de los franceses apoyan un mayor control de la inmigración, según los sondeos.
“El Consejo Constitucional censura las medidas de firmeza más aprobadas por los franceses”, denunció el ultraderechista Jordan Bardella, cuya candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo lidera los sondeos en Francia.
El apoyo de última hora de la extrema derecha a la ley en diciembre y la reivindicación por parte de su líder, Marine Le Pen, de una “victoria ideológica” en las medidas aprobadas, complicaron a Macron, que siempre se presentó como baluarte ante la ultraderecha.
La oposición de izquierdas reiteró este jueves que el oficialismo asumió las “posiciones históricas” de la extrema derecha, en palabras del líder socialista Olivier Faure, como la llamada preferencia nacional a la hora de acceder a las prestaciones sociales.
“Los peores delirios racistas de Macron y Le Pen violan nuestros principios republicanos (…). La ley no tiene ninguna legitimidad, debe ser retirada”, escribió en la red social X el diputado de izquierda radical Manuel Bompard.
Organizaciones de la sociedad civil también se movilizaron contra la reforma, sacando a miles de personas el domingo a las calles. La oenegé Amnistía Internacional celebró así este jueves una “victoria” y advirtió que estarán vigilantes para que las medidas censuradas no se planteen de otra forma.
RFI
