Edith Olivares Ferreto, señaló que el control de convencionalidad, obliga a jueces y magistrados a aplicar la legislación sin contradecir los tratados internacionales a los que México está adherido.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, advirtió que la iniciativa para eliminar el “control de convencionalidad” presentada en el Senado, hubiera contravenido los tratados internacionales de derechos humanos a los que México está suscrito, poniendo “en riesgo la vigencia y respeto a los derechos humanos” en el país.
En una entrevista con Aristegui en Vivo, Olivares destacó que esta iniciativa amenazaba los avances logrados tras la reforma constitucional de 2011, que incorporó los tratados internacionales al marco jurídico mexicano.
“Afortunadamente, ese debate se terminó gracias a una reforma constitucional que señala que los tratados internacionales de los que México es parte, forman parte del aparato jurídico mexicano y, de hecho, forman parte de la Constitución Política”, comentó.
La directora de Amnistía Internacional en el país, recordó que México, de manera voluntaria, se compromete a formar parte de estos tratados.
“El Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, decide suscribir algunos tratados, y luego estos pasan por el Senado de la República, quien aprueba que México forme parte de diferentes convenciones internacionales”, explicó.
Mencionó ejemplos como la Carta Interamericana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptadas tras pasar por este proceso deliberativo.
Olivares destacó la trascendencia de la reforma constitucional de 2011, que reconoció los tratados como parte de la Constitución.
“Lo que esta reforma plantea (2011) es que los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales son parte de la Constitución, y si hay alguna desarmonía entre la legislación local y la Constitución, prevalece el instrumento que más protege a las personas. Por eso se habla del principio pro persona y del control de convencionalidad”, detalló.
Por ello, señaló que el control de convencionalidad, según Olivares, obliga a jueces y magistrados a aplicar la legislación sin contradecir los tratados internacionales a los que México está adherido.
“Esto ha cambiado muchísimo el acceso que tenemos las personas a los derechos humanos en México”, dijo.
Recordó que la Constitución de 1917 no reconocía muchos derechos hoy protegidos, como los de las mujeres, personas de la diversidad sexual o personas con discapacidad, avances que fueron posibles gracias a los tratados internacionales.
Olivares advirtió que la iniciativa que se había presentado con modificaciones al artículo primero “podría poner de nuevo en discusión si la Constitución y la legislación mexicana pueden contravenir los tratados de los que México es parte”, una situación que calificó de “absurda”, ya que México ha decidido voluntariamente ser parte de estos acuerdos.
Además, mencionó que la propuesta original de la reforma surgió de una desavenencia entre dos Poderes de la Unión, lo que pudo haber puesto en peligro “un avance fundamental en materia de derechos humanos en este país”.
Ante ello, Olivares había hecho un llamado a los legisladores para no votar esa iniciativa porque ponía en riesgo la vigencia y respeto a los derechos humanos en México, y en cambio pidió que se revisara detalladamente la iniciativa.
Pidió al Congreso de la Unión que revisara a fondo las razones detrás de las tensiones actuales entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ya que esos conflictos no deberían afectar los derechos humanos de las personas en México.
Asimismo, la directora expresó preocupación por la forma en que se han estado aprobando reformas constitucionales en el último mes y recordó que México había sido reconocido el alcance de las reformas a favor de la progresividad de los derechos humanos.
Propuso que el Senado realice un “proceso consultivo” antes de aprobar reformas de esta magnitud, en particular aquellas que afectan los derechos humanos.
“Es fundamental que los legisladores escuchen a los colectivos de personas víctimas de violaciones a los derechos humanos, quienes se beneficiaron de la reforma de 2011″, sostuvo.
Olivares insistió en la urgencia de conocer la opinión de las comunidades más afectadas por la violencia, como las poblaciones indígenas en Chiapas o las personas buscadoras de desaparecidos en el país.
“Hay que abrir el espacio de escucha y diálogo en el Senado. No es posible que estemos teniendo reformas de tan importante calado a puerta cerrada sin escuchar a la ciudadanía”, afirmó.
La titular de Amnistía Internacional México, reiteró que haber aprobado la iniciativa sin un análisis exhaustivo hubiera sido un error grave.
“Están moviendo y cambiando nuestros derechos básicos que están establecidos en la Constitución”, concluyó.
Mientras se llevaba a cabo esta entrevista, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, aseguró que retirará su propuesta de reformar el artículo primero de la Constitución, que eliminaba el “control de convencionalidad” de la Carta Magna.
En una entrevista con Radio Fórmula, el legislador morenista señaló que la reforma solo se limitará a los artículos 103, 105 y el 107 constitucionales.
“Hemos estado revisando en las últimas horas el texto que presentamos de la iniciativa”, dijo el senador, quien adelantó que se eliminaría esa parte de la reforma.
“Sopesamos si políticamente, por ejemplo, era conveniente entrar en el debate (…) Anoche revisamos, estuvimos estudiando si jurídica y políticamente era conveniente entrar en estos momentos en un debate relativo a lo que habíamos propuesto en el artículo primero de la Constitución”, dijo.
